Categoría: Normas, estrategias y planes

La agencia será el órgano ejecutivo para la acción climática. Será un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa y económica, encargada de las acciones de mitigación, adaptación, gobernanza y comunicación reguladas por la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética (LCCCTE). Esta entidad estará adscrita a la Consejería responsable en materia de acción climática.

Además se creará la Comisión Interdepartamental de Acción Climática, que será un órgano de coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos del Gobierno en la aplicación de la LCCCTE.

La agencia deberá articular los esfuerzos de las Administraciones Públicas, del sector público, de la ciudadanía, de las empresas, organizaciones sociales y tercer sector, de forma permanente para impulsar las políticas de transición ecológica.

Entre sus funciones estarán las siguientes: 

1. Elaborar las Estrategias de Acción Climática, y la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática (si bien en esta primera etapa y dado que la agencia no está aún creada, estas se elaboran directamente por el Gobierno de Canarias).
2. Poner en marcha los procedimientos y las metodologías adoptados internacionalmente para:

• Realizar los inventarios de emisiones y las proyecciones para fijar los objetivos de reducción de emisiones.
• Realizar los inventarios de emisiones y las proyecciones para fijar los objetivos de reducción de emisiones.
• Evaluar la vulnerabilidad y los riesgos a consecuencia del cambio climático en Canarias, con el fin de identificar los ámbitos de acción prioritarios para la mitigación y adaptación al cambio climático.
• Definir los indicadores cuantitativos y cualitativos de mitigación, descarbonización, adaptación al cambio climático, gobernanza  e  impacto  en  la  economía  y  establecer  su seguimiento.

3. Tener un inventario general de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) actualizado.
4. Dar las autorizaciones de GEI a las actividades sujetas a la normativa de comercio de derechos de emisión y realizar auditorías.
5. Gestionar el Registro Canario de Huella de Carbono.
6. Coordinar las políticas de acción climática con las administraciones locales, asesorándolas para su desarrollo.
7. Coordinar e impulsar el seguimiento y evaluación científica de los programas de acción climática, así como la participación social.
8. Promover e impulsar la I+D+i y la competitividad  sobre el cambio climático.
9. Relacionarse con las instituciones de la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas en materia de acción climática, en coordinación con el departamento competente.
10. Integrar y coordinar el modelo de participación ciudadana.

Dentro del marco común de la Estrategia Canaria de Acción Climática y siguiendo sus directrices, cada cabildo y ayuntamiento de Canarias debe desarrollar su propio plan, que aborde las medidas de mitigación y de adaptación en su ámbito. 

Esto pueden hacerlo los municipios empleando y adaptando para ello los PACES de la Estrategia del Pacto de las Alcaldías.

Las entidades locales deben concretar las medidas de política sectorial de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica sobre las que tienen competencias: entre otras, turismo, agricultura y ganadería, industria y comercio, urbanismo, salud y servicios sociales, residuos, biodiversidad y recursos naturales, montes, contaminación lumínica y alumbrado, emergencias y protección civil. 

Además, deberán incluir también un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

 Una vez aprobados por el Pleno de la Corporación, el PIMACE y el PMUS, sus determinaciones son de obligado cumplimiento para todas las personas, tanto públicas como privadas.

 Los PIMACE tendrán una vigencia de diez años, y deben revisarse, como máximo, cada cinco años, con el fin de actualizar escenarios y objetivos.

Este plan contiene el conjunto de acciones para conseguir en plazo los objetivos fijados en la Estrategia Canaria de Acción Climática. Se marca objetivos a diez años, y deben revisarse cada cinco años los escenarios  previstos y los objetivos. Tendrá una parte informativa y de diagnóstico y otra propositiva.

 En la parte inicial, informativa, se plasmarán al menos:

1. Los escenarios climáticos presentes y futuros del Archipiélago.
2. Se identificarán y evaluarán los impactos y los riesgos que se pueden esperar en función de los escenarios climáticos previstos.
3. Se evaluará la vulnerabilidad de los recursos naturales, del territorio y de la población frente a los impactos y riesgos identificados.

En la parte propositiva se tendrán como mínimo:

1. Los objetivos concretos de mitigación, adaptación y resiliencia a alcanzar.
2. Las medidas específicas de mitigación y adaptación a los impactos y riesgos detectados.
3. Un sistema de indicadores que facilite ver si se están consiguiendo o no los resultados previstos en función de las medidas adoptadas.
4. Mecanismos para garantizar la gobernanza.

Una vez aprobadas las determinaciones del plan, estas serán de obligado cumplimiento tanto para administraciones públicas, como para toda la sociedad, en la medida en que les incumba.

Es el instrumento marco de referencia para la acción climática en Canarias y debe marcar la senda de la descarbonización, la adaptación al cambio climático y la nueva gobernanza. Coordina, además, el conjunto de planes, programas y políticas sectoriales para lograr los objetivos de la presente ley.

Fija los objetivos en cuatro aspectos clave:

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la captación de carbono, estableciendo objetivos cada cinco años.
2. Mejorar la eficiencia energética para reducir el consumo de energía en todo el Archipiélago.
3. Aumentar la generación y el consumo de energías de origen renovable, reduciendo la necesidad de combustibles fósiles.
4. Desarrollar un sistema de movilidad sostenible.

Además, debe:  

1. Identificar los riesgos, vulnerabilidades e impactos del cambio climático
2. Fijar los objetivos de adaptación y resiliencia al cambio climático.
3. Identificar necesidades de investigación, innovación, desarrollo y competitividad en materia de acción climática.
4. Definir el sistema de evaluación y seguimiento de la estrategia.

La estrategia tendrá una vigencia de veinte años, pero será revisada, como máximo cada diez años, para actualizar los escenarios y objetivos.