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El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación

El 74 % del territorio español es susceptible de ser desertificado, según el diagnóstico que incorpora la Estrategia. Las principales causas de la desertificación en España son el cambio climático y la explotación insostenible de los recursos naturales.

El Gobierno, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD), actualizando de esta forma el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación publicado en 2008.

Esta nueva estrategia asegura el cumplimiento de los compromisos de España como parte de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), a la vez que establece un marco para las políticas e iniciativas de lucha contra esta amenaza en España, asegurando la coordinación entre ellas y su efectividad.

El objetivo general es contribuir a la conservación y mejora del capital natural asociado a las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de España y avanzar hacia la neutralidad en la degradación de las tierras mediante la prevención y mitigación de la desertificación y la restauración de las zonas degradadas.

El 74 % del territorio español, en riesgo de desertificación

La desertificación y la degradación de las tierras afectan especialmente a África, pero también a Europa, particularmente a la región mediterránea. El 74 % del territorio español se encuentra en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas y, por tanto, susceptibles de ser afectadas por los procesos de desertificación.

La ENLD, en su diagnóstico, identifica numerosos impulsores de la desertificación en España, incluyendo causas económicas, como la intensificación de la agricultura y la ganadería, y la sobreexplotación de los recursos hídricos; sociales, como la despoblación de las zonas rurales y el abandono de los terrenos forestales; y ambientales, como el cambio climático y los incendios forestales.

Asimismo, los impactos de la desertificación también comportan costes económicos, sociales y ambientales: desde la pérdida de productividad de los suelos o la disminución de los beneficios agrarios hasta el agravamiento de la despoblación, la disminución de patrimonio cultural, la pérdida de biodiversidad o la exacerbación del cambio climático.

La ENLD identifica cinco escenarios principales afectados por la desertificación en España: cultivos afectados por la erosión, zonas de regadío afectadas por la desertificación, paisajes asociados a la intensificación insostenible de la ganadería, terrenos agrícolas abandonados y bosques con insuficiencia de gestión.

Propuesta de acciones hasta 2030

Respondiendo a las debilidades y amenazas identificados en el análisis DAFO realizado como parte del diagnóstico, la ENLD incluye la propuesta de numerosas acciones y medidas a llevar a cabo hasta 2030 en torno a tres ejes: Territorio, Capacitación institucional y gobernanza y Actuaciones para la mejora del conocimiento, de la transferencia y de la participación de la sociedad.

Destacan la realización de un plan de restauración de terrenos afectados por la desertificación, el desarrollo de una red de proyectos piloto y demostrativos de lucha contra la desertificación, la puesta en marcha de un inventario nacional de suelos, la aplicación de buenas prácticas de gestión sostenible de la tierra en el sector agrario, forestal  y de los recursos hídricos, la creación de un Consejo y un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación, la elaboración de una ley de conservación y uso sostenible de los suelos, la elaboración de un atlas de desertificación en España, el establecimiento de una plataforma de consulta e intercambio de información, la organización de mesas y talleres participativos y  la promoción y el apoyo a iniciativas internacionales en el ámbito de la CNULD.

La implementación de la Estrategia se desarrollará a través de dos Programas de Acción Nacional cuatrienales. Los programas contendrán las acciones concretas a desarrollar por la Administración General del Estado en el marco de sus competencias durante la vigencia de estos. El primer programa de trabajo se aprobará dentro del primer año tras la aprobación de la ENLD y abarcará el periodo 2023-2026. El segundo programa está previsto que se desarrolle en el periodo 2027-2030.

Un desafío de relevancia mundial y nacional

La Estrategia se ha elaborado de forma participativa, contando con la colaboración de otros ministerios, las comunidades autónomas, instituciones científicas y organizaciones no gubernamentales.

Su publicación de tiene lugar en un año en el que la desertificación está teniendo especial relevancia mundial y nacional. La décimoquinta Conferencia de las Partes de la CNULD tuvo lugar en mayo en Abiyán (Costa de Marfil) y contó con la participación del Secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Hugo Morán.

Por otro lado, España ha hospedado en 2022 el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y, junto con la secretaría de la CNULD, organizó el pasado 17 de junio un evento conmemorativo en Madrid, que contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; el secretario ejecutivo de la UNCCD, Ibrahim Thiaw; el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius; el presidente de la COP15, Alain-Richard Donwahi; la vicepresidenta Teresa Ribera y la activista ambiental Patricia Kombo.

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El Hierro se declara en emergencia hídrica por la sequía de los últimos años

El Consejo Insular de Aguas de El Hierro ha declarado la “emergencia hídrica en la isla, situación de especial sequía” y ha remitido su anuncio al Boletín Oficial de Canarias para su publicación.

El presidente del Consejo y del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, informa que esta declaración se debe al notable descenso de precipitaciones en los últimos años, situación continuada de estrés hídrico del suelo por descenso grave de los caudales disponibles y clara deficiencia de humedad en el mismo para el desarrollo vegetativo de plantas y cultivos.

Esta situación pone en grave riesgo el principal motor económico de la isla, agravada por el retraso de distintas obras de infraestructuras hidráulicas y las condiciones climáticas, con aumento de temperaturas y expansión del periodo estival, tal y como se recoge en la información remitida al BOC.

Una situación muy preocupante

El presidente insular, Alpidio Armas, afirma en un comunicado que no es el momento de buscar responsables, “exigiendo dimisiones o ceses” sino de buscar soluciones “ante una situación muy preocupante y que afecta directamente al sector agrícola, pero de manera indirecta a otros como el ganadero, sobre todo tiendo en cuenta la proximidad del verano, con un incremento importante de la demanda tanto para el regadío como del agua para consumo”

La declaración de la situación de emergencia hídrica será por un plazo de seis meses al objeto de poner en marcha distintas medidas que se precisan para garantizar los caudales necesarios para la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar plenamente los usos sanitarios y domésticos.

Dicha declaración conlleva implícita la declaración de utilidad pública o interés social, y cumplido el trámite de la ocupación, siempre que para la adopción de las medidas sea precisa la expropiación de bienes o derechos.

Actuaciones

En el marco de esta declaración de emergencia hídrica, y en coordinación con las comunidades de regantes se llevará a cabo el control de asignaciones de aguas a usos, superficies, cultivos y dotaciones específicas; una campaña de buenas prácticas de riego y concienciación de control de consumos para lograr un riego eficiente y la fijación y control de riegos por turnos y sectorizaciones.

Además habrá un control periódico de consumos y análisis de desviaciones, con actuaciones de corte en el suministro y aplicación de gravámenes en el precio del agua por consumos excesivos o sanciones, conforme a los estatutos respectivos y normativa legal de aplicación, según se recoge en su anexo.

Por otra parte, y en coordinación con titulares y agrupaciones de captaciones, se realizará un estudio para la puesta en explotación de instalaciones “fuera de explotación” o no rentables, valorando los riesgos hidrológicos y repercusión económica, incluida la adquisición de pozos.

Así, el Consejo tramitará expedientes de investigación de aguas en captaciones existentes a petición de los titulares en el Valle de El Golfo, Echedo e Isora-San Andrés y ejecutará infraestructuras hidráulicas de emergencia para paliar la situación de sequía tales como implantación de desaladoras de agua de mar, móviles o portátiles, para el incremento inmediato de caudales disponibles en El Golfo.

Dentro de la emergencia, también se contempla la remodelación de módulos con mejora de eficiencia hidráulica y energética en las desaladoras de El Cangrejo y La Restinga; el control de ejecución de las obras de reforma de la balsa de El Golfo y puesta a disposición del vaso a la mayor brevedad y el control de calidad de aguas en depósitos abiertos, tratamiento contra algas y medidas disuasorias de vertidos de sólidos. Por su incidencia, se destaca actuación en depósito aledaño a la Balsa de El Golfo.

Además de las medidas señaladas, cualquier otra que tienda a paliar la situación y aquellas que sean imprescindibles para garantizar el mínimo caudal necesario para los usos sanitarios y de consumo humano, para los cuales no se prevén acciones concretas por considerar están garantizados a la fecha.

Plantea medidas de urgencia como el control de ejecución para la finalización en plazo de nuevo módulo B El Golfo y la tramitación para posibilitar licitación y contratación anticipada de los nuevos módulos C de El Cangrejo y de El Golfo, con 5400 metros cúbicos al día para garantía modular del suministro. 

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España afronta el verano con sequía meteorológica, pese a las lluvias de primavera

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha hecho público hoy su balance de la primavera de 2022, que ha sido muy cálida y húmeda. En concreto, ha sido la vigésimo tercera más lluviosa en España desde 1961 y la undécima del siglo XXI.

Las precipitaciones en la España peninsular alcanzaron los 189 l/m², lo que representa el 112 % del promedio normal del período de referencia. Aunque el valor general muestra un trimestre muy húmedo, en zonas como Galicia, País Vasco, Navarra, noroeste de Aragón, tercio oeste de Castilla y León y nordeste de Castilla-La Mancha, la primavera fue seca o muy seca. En los dos archipiélagos tuvo un carácter variable, entre normal y muy húmedo.

Las lluvias durante la estación primaveral no fueron suficientes para revertir la sequía meteorológica con la que terminó el invierno. Si se analizan los datos de precipitación de los últimos doce meses, se puede hablar de una situación de sequía meteorológica en el conjunto de España, así como en la mayor parte de las cuencas representativas de AEMET (similares a las cuencas hidrográficas), salvo las del Júcar y Segura. A mediados de junio de 2022, había llovido en torno a un 25 % menos de lo normal desde el inicio del año hidrológico.

Índice de precipitación estandarizado. Mayo 2022. Fuente: AEMET.

El mayo más cálido de los últimos 58 años

La temperatura media de la primavera fue de 12,8 ºC. Esto supuso un valor superior en 0,7 ºC al promedio normal del período de referencia 1981-2010, lo que la convierte en una primavera bastante cálida. En concreto, fue la duodécima más cálida desde 1961 y la novena más cálida del siglo actual.

A pesar de estos datos en conjunto, hay que señalar que marzo y abril fueron meses fríos, con temperaturas 0,6 ºC y 0,3 ºC inferiores al promedio normal, respectivamente. Sin embargo, mayo fue extremadamente cálido, con 3 ºC por encima del promedio del período de referencia. Fue el mayo más cálido del siglo XXI y el segundo de la serie histórica, tan solo por detrás del de 1964. Destacó el intenso e inusual episodio de altas temperaturas registrado entre los días 18 y 20 de mayo, cuando se llegaron a superar los 40 ºC en algunas zonas de Andalucía.

Más allá del análisis de la primavera meteorológica, la ola de calor registrada entre el 12 y 18 de junio de 2022 fue una de las más tempranas desde que hay registros. Además, la primera quincena de junio de 2022 ha sido la más cálida en España desde 1950.

Sequía meteorológica en gran parte de Europa

A nivel global, marzo y mayo de 2022 han sido los quintos más cálidos de su serie mensual y abril, el sexto. En Europa, aunque se registró el tercer marzo más frío de los últimos 10 años, se vivió el mayo con temperaturas máximas diarias más altas en el sudoeste del continente.

Con respecto a las precipitaciones, marzo de 2022 registró el segundo valor más bajo de humedad relativa de toda la serie, tanto a nivel global como en Europa. Podemos hablar, a finales de mayo, de una situación de sequía meteorológica en buena parte del continente europeo, en base a la definición del Índice Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI) a 12 meses. El SPEI es una extensión del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) que tiene en cuenta la evapotranspiración potencial y captura el impacto principal del aumento de las temperaturas en la demanda de agua.

El balance climático de AEMET también hace un breve repaso de los récords, efemérides o eventos más reseñables alcanzados durante el pasado invierno en el mundo. Así, por ejemplo, se vivió el marzo más cálido en la India desde que hay datos (122 años) y el mayo más caluroso en Francia desde 1900 y en Portugal de los últimos 92 años.

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El Gobierno autoriza 30 millones para la protección de la biodiversidad marina

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado el reparto y la distribución de fondos por valor de 30 millones de euros a las comunidades autónomas para actuaciones de conservación de la biodiversidad marina.

Este reparto de fondos, dirigido a la protección, conservación, gestión y restauración de la biodiversidad marina en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, se enmarca dentro de la componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ve complementado con las actuaciones planificadas a cargo de la Administración General del Estado por un importe de 82,6 millones de euros. Este desembolso supone, en conjunto, una inversión total de más de 112 millones de euros dedicados a la protección de la biodiversidad marina en nuestro país.

De este modo, el paquete de medidas se alinea con el compromiso del Gobierno de proteger el 30 % de la superficie marina para 2030. Para ello es necesario establecer objetivos de conservación, aprobar planes de gestión y promover actividades humanas compatibles con la conservación del medio, así como eliminar impactos y evitar la interacción de determinadas especies marinas con la actividad humana y restaurar los ecosistemas y biocenosis marinas.

Gestión efectiva de espacios marinos protegidos

Entre las actuaciones impulsadas a través de este acuerdo se encuentran la identificación de nuevos espacios o ampliaciones de los existentes, según los criterios científicos disponibles, así como la gestión efectiva de espacios marinos protegidos, de competencia autonómica, en los que exista continuidad ecológica entre el espacio natural terrestre y el marítimo.

Por otro lado, también se impulsarán medidas para reducir la presión sobre los espacios marinos protegidos de competencia de la Administración General del Estado, especialmente mediante la mejora y modernización de las instalaciones en la costa y vertidos asociados, y actuaciones que permitan reducir la carga contaminante de los cursos de agua.

Al mismo tiempo, se realizarán actuaciones para conservar y mitigar los impactos en especies marinas, como aves y tortugas, que realizan parte de su ciclo de vida en tierra. También serán objeto de estas medidas las especies marinas y los hábitats bajo régimen de protección.

Así, las comunidades autónomas dispondrán de 2 meses desde la aprobación del acuerdo en Conferencia Sectorial para remitir sus actuaciones y marcar un procedimiento de información y seguimiento.

El reparto de los fondos se realizará proporcionalmente según los kilómetros de línea de costa y la superficie marina protegida por figuras de competencia autonómica. Del mismo modo, se asignarán un mínimo de 100 000 euros a ciudades autónomas compensado de manera proporcional de las cuantías de las comunidades autónomas.

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Canarias estudiará los aerosoles, la calima y la calidad del aire

Paisaje de bosque y montañas en Gran Canaria. En el cielo se aprecia la calima.

El Consejo del Gobierno canario ha autorizado destinar 2 500 000 euros a la financiación de un convenio con el CSIC para el Laboratorio del Aire de Canarias, en el que se llevará a cabo investigación científica orientado al estudio de aerosoles, polvo desértico y calidad del aire.

Esta transferencia de crédito para el convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene por finalidad incrementar el importe destinado al proyecto CSIC Observatorio para la Calidad del Aire.about:blank

Mediante este convenio se pretende regular la colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M. P. (CSIC) y el Gobierno de Canarias para la ejecución de estas actividades conjuntas de naturaleza científico-técnicas con las que se pretende analizar la evolución de estos fenómenos y su incidencia en las islas, se señala en el acuerdo del Consejo.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se ha fijado el objetivo de apoyar sus acciones en la investigación y el conocimiento científico, y esta iniciativa se suma a otros numerosos proyectos que desarrolla en la actualidad con las dos universidades canarias en materia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, entre otros ámbitos.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene entre sus compromisos el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.

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Canarias solicitará al Estado un marco legislativo para el sector eléctrico canario

El sol atraviesa una bombilla que alguien sostiene en la mano.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, anunció durante el primer pleno del Observatorio de la Energía de Canarias (OECan) que su Departamento está elaborando un documento de propuestas de acciones que permitan acelerar la penetración de renovables en las islas a través de un marco legislativo específico para el sector eléctrico del Archipiélago.

Este documento incluirá criterios para la sustitución de los pequeños grupos térmicos, de manera que sean más pequeños flexibles y que puedan funcionar al 100 % con hidrógeno verde.

También propone el diseño de un mercado eléctrico para Canarias, con un trato diferenciado respecto al territorio continental, en el que se contemple la participación de las renovables en el sistema de ajustes, la regulación del mercado de las baterías químicas y las condiciones y la aportación de las comunidades energéticas.

En lo que se refiere a este tipo de comunidades, se contemplará un apartado específico en la propuesta para modificar los criterios vigentes y que se puedan constituir en régimen de autoconsumo, junto a una ampliación del actual radio de ubicación, entre otras medidas.

Valbuena detalló que el objetivo es elevar este documento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los próximos meses, una vez se consensue con todos los miembros del propio OECan y con el resto de los agentes implicados en el sector como son los promotores de proyectos de renovables, las empresas comercializadoras y distribuidoras, patronales, etc.

“Canarias cuenta en la actualidad con seis sistemas eléctricos aislados entre sí y los grupos de generación disponibles tienen una obsolescencia considerable, por lo que se precisa de actuaciones urgentes para garantizar una mayor penetración de las energías renovables que provienen de los parques solares y eólicos implantados o proyectados en las islas”, añadió el consejero.

“El propósito de este Gobierno es superar así las barreras que existen en Canarias para garantizar una verdadera transición ecológica, alcanzando los hitos establecidos en la planificación que ya ha redactado el Ejecutivo y convirtiendo así los obstáculos en oportunidades para las islas”, aseveró Valbuena.

“Sin las modificaciones de las actuales reglas de juego del sector eléctrico en Canarias, cuyos cambios dependen del Gobierno del Estado, será imposible alcanzar la transición energética y la descarbonización tan necesaria de nuestra economía”, concluyó el consejero.

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Transición Ecológica destina 510.000 euros a las Reservas de la Biosfera de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha convocado una línea de subvenciones, por un importe total de 510.000 euros, dirigida a las entidades de gestión de los espacios declarados Reservas de la Biosfera en Canarias en 2022.

El consejero responsable del área, José Antonio Valbuena, destaca la importancia de esta convocatoria de ayudas “con las que desde el Gobierno de Canarias queremos seguir ahondando en el desarrollo de nuevas acciones que contribuyan a preservar nuestro entorno, respetando y adaptando las actuaciones de conservación y mantenimiento de estos espacios, que son un ejemplo de desarrollo sostenible donde convive la actividad humana con la biodiversidad”.

En la actualidad, la Red Canaria de Reservas de la Biosfera aglutina siete espacios o zonas compuestas por ecosistemas terrestres, marinos y costeros, reconocidas por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, como son las islas de La Palma, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera en su totalidad, el 46% de la superficie de Gran Canaria y el  Macizo de Anaga, en Tenerife.

Los órganos de gestión de las Reservas podrán acogerse a estas subvenciones presentando las solicitudes en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/) en el plazo de un mes a partir de mañana, día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) efectuada hoy.

En cuanto al importe de la ayuda, el texto establece un tope máximo por iniciativa de 50.000 euros, aunque no existe límite a la cuantía total máxima a percibir por la
persona beneficiaria. El plazo máximo de resolución y notificación de esta convocatoria finalizará 5 meses después de la publicación de esta convocatoria y, en todo caso, en la fecha de finalización o cierre del ejercicio económico acordada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Las entidades beneficiarias en el momento de presentar la solicitud o, en su caso, una vez aceptada la subvención, podrán solicitar el abono anticipado del 100% de la cuantía concedida, según las condiciones establecidas.

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La potencia de generación eólica de Gran Canaria será superior a la térmica en 2026

La isla contará en 2026 con más potencia de generación eléctrica instalada de origen eólico que térmica según el escenario de estudio de la planificación de la red de transporte que REE ejecutará en los próximos años. La eólica ascenderá entonces a 680 megavatios (MW), frente a los 679 MW de la basada en hidrocarburos de origen fósil, mientras que la fotovoltaica habrá subido hasta 180 MW. Entre ambas sumarán el 55,88% de los 1.539 MW instalados en la isla.

Pero que haya más potencia de origen renovable que térmica no significa que los aerogeneradores y las placas solares generen también la mayoría de la energía consumida. El balance de generación por tecnologías del operador del sistema y del transporte estima que en 2026 el gasóleo-fuelóleo seguirá produciendo más de la mitad de la energía consumida en la isla, el 54,97% correspondiente a 2.186 de los 3.977 gigavatios/hora (GW/h) programados.

El viento generará dentro de cuatro años el 38,40% de la energía eléctrica consumida y el sol un 6,63%, todo ello sin contar con la puesta en marcha de Salto de Chira, la central hidroeléctrica de bombeo para el almacenamiento de renovables que construye precisamente REE.

El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica de 2021-2026 destaca que en Canarias es necesario acompasar el desarrollo de enlaces entre islas con el de infraestructuras de almacenamiento y la ejecución de refuerzos internos de la red para «asegurar una plena aportación conjunta de las infraestructuras al objetivo de descarbonización, pero no será suficiente para alcanzarlo».

Si Salto de Chira estuviese en marcha, el porcentaje de generación renovable que se consumiría en la isla en 2026 gracias a las inversiones del Plan, estimado en torno al 37%, se elevaría hasta el 43% en ese ejercicio para seguir creciendo progresivamente hasta el 58% en el horizonte de 2030.

La interconexión del sistema eléctrico de Gran Canaria con el que comparten Lanzarote y Fuerteventura figura entre las actuaciones que se pondrán en servicio después de 2026. El Plan recoge como observación que se trata de un proyecto con tecnología pendiente de definición. La profundidad que alcanza el canal marino entre Gran Canaria y Fuerteventura no es un obstáculo menor.

El Plan, que prevé una inversión de 800 millones de euros en Canarias, se propone reforzar la seguridad y calidad del suministro en la isla, permitir una mayor integración de las renovables y facilitar nuevos consumos.

Trabajadores en plena faena en una torreta de transporte de líneas eléctricas. / C7

Ante el despliegue de renovable realizado y el potencial hasta 2026, el Plan observa «importantes limitaciones de transporte entre la zona de gran potencial renovable», el Sureste, y el Norte, «donde se concentra el consumo de la zona capitalina».

Como nuevas infraestructuras de apoyo a la demanda propone dos subestaciones eléctricas nuevas, una en Mogán y otra en Las Palmas Oeste, ambas de 66 kilovoltios (kV) y programadas para 2024. La segunda sustituirá a la de Guanarteme.

En este apartado incluye la ampliación de la subestación de Arinaga, un nuevo doble circuito Mogán-Arguineguín (2024) y el segundo circuito de Santa Águeda-Arguineguín (2026).

Conexión de la eólica marina

En la mejora de la red para la integración de renovables destacan las actuaciones que harán posible la conexión de la generación eólica marina proyectada en aguas del sureste. A este fin contribuirá la nueva subestación de 220 kV Barranco de Tirajana III, programada para su terminación en 2024 y 2025, y el refuerzo de la red en esta zona.

También en el capítulo renovable el documento planifica la ampliación de las subestaciones de 66 kV de Guía (2023), Santa Águeda y Telde (2023).

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El Gobierno de Canarias aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Circular

El reto principal de este texto normativo es convertir los residuos generados por el conjunto de las actividades económicas de las islas en recursos, establecer la obligatoriedad del reciclaje, optimizar al máximo los productos o materiales, minimizar la generación de residuos y reducir su impacto en el planeta, contribuyendo a su vez a la lucha contra el cambio climático.

Además, establece obligaciones y régimen sancionador para todos los sectores y para la propia ciudadanía del Archipiélago, como parte activa de este proceso.

De esta manera, el Gobierno de Canarias ha logrado cumplir con este trámite para las tres leyes que conforman el ecosistema legislativo medioambiental que se anunció desde el inicio de legislatura. Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra ya en tramitación parlamentaria y el objetivo es que la de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular entren en la Cámara regional antes de verano de este año.

Los principios generales que conforman este documento son el de responsabilidad compartida de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Para ello todos estos sectores deben implicarse activamente, responsabilizándose en la aplicación del modelo de economía circular en su ámbito respectivo de competencia. Además, como principio general se encuentra también el de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.

El fomento de la información, transparencia y participación pública en el proceso de desarrollo de las políticas públicas a implementar a través de esta Ley también forma parte de los objetivos de esta normativa. Y, de la misma manera, la promoción de la educación para la sostenibilidad, el fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, y el fomento y apoyo a la actividad industrial en el Archipiélago canario como sector esencial para lograr que los objetivos de la Ley sean efectivos.

La oportunidad en la tramitación de esta Ley viene dada por la necesidad de dar cumplimiento a distintos hitos normativos tanto nacionales como internacionales en materia de residuos.

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030, y en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC). Desde el punto de vista europeo, destaca el nuevo Plan de la Economía Circular para una Europa más limpia y eficiente, dentro del denominado Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) y las políticas comunitarias, en el campo de los residuos.

Este hito se une a la reciente aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), un instrumento de planificación del que el Archipiélago carecía desde el año 2006, por lo que este trámite fue declarado de urgencia.

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Transición Ecológica presenta el plan para alcanzar la neutralidad climática en 2040

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía y en colaboración con el ITC, ha iniciado este martes, 15 de marzo, las ‘Jornadas divulgativas sobre el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan-2030)’ para dar a conocer las distintas estrategias de apoyo que nutren este documento de planificación con el que las islas pretenden alcanzar la neutralidad climática en el año 2040.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, fue el encargado de abrir el evento junto al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, como municipio anfitrión de esta iniciativa.

José Antonio Valbuena explicó que “este documento de planificación energética tiene un primer objetivo temporal en el año 2030, en el que pretendemos que casi el 60% de la demanda eléctrica de Canarias provenga de energías renovables. Esto va a suponer movilizar en torno a 5.500 millones de euros de inversión, pero nos supondrá un ahorro anual de unos 930 millones de euros”. A partir de ese momento, se revisarán los hitos logrados hasta el momento y se establecerán los siguientes pasos para alcanzar la descarbonización total de la economía del Archipiélago.

“Es un Plan con una importante carga científica y que demuestra que es posible alcanzar los objetivos fijados con un gran compromiso de las administraciones públicas y la implicación de los diferentes sectores económicos, sin olvidar el componente de democratización de la energía para que cada familia pueda generar y gestionar la energía que demanda”, añadió el consejero.

Augusto Hidalgo subrayó que la celebración de estas jornadas divulgativas sobre el Plan de Transición Energética de Canarias “son fundamentales para conocer las distintas estrategias de apoyo que deben configurar esta herramienta y es clave la participación de todos los sectores para disminuir la dependencia de Canarias de las fuentes de energía fósiles y aumentar el peso de las energías alternativas. En sintonía con estas estrategias, en la ciudad hemos puesto en marcha el denominado Pacto Verde Local, que se traduce en un completo plan de medidas concretas para adaptar la ciudad a los nuevos retos que supone avanzar hacia un desarrollo sostenible y una economía descarbonizada”.

Por su parte, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, señaló que “el PTECan-2030 es un documento compartido con todas las fuerzas políticas antes de culminar su proceso de aprobación. A esa unidad política se suman estas jornadas con las que se pretende que toda la ciudadanía tenga acceso de primera mano al trabajo que ha venido desarrollando el Ejecutivo regional en materia de planificación energética, “tras siete años sin ninguna hoja de ruta”, aseveró el viceconsejero, aludiendo al extinto PECAN, que se aprobó en 2006 y su vigencia finalizó en el año 2015.

Igualmente, el viceconsejero destacó que todos los sectores de la economía canaria deben interiorizar la necesidad de un cambio de modelo, definiendo este Plan como un documento legal “que deja las buenas intenciones a un lado y comienza a poner las reglas para que la acción climática se convierta en efectiva”.

Por último, la directora general de Energía, Rosana Melián, recordó que con este Plan se da un avance significativo en los objetivos fijados en la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno canario y explicó que el PTECan “establece un conjunto de acciones dirigidas a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en las islas y, concretamente, asumiendo como marco de actuación el sector energético”.

Un plan apoyado por ocho estrategias

El Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) se alinea con lo establecido en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040, se han desarrollado ocho estrategias energéticas sectoriales que tienen como principal fin determinar el potencial de desarrollo de las tecnologías que se consideran de especial interés en el reto de la descarbonización.

Durante esta primera sesión se presentan seis de las estrategias, concretamente las de autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento energético, vehículo eléctrico, generación gestionable, geotermia y energías renovables marinas, divididas en dos bloques temáticos.

Mañana miércoles se retomará la actividad a las 9:30 y se abordarán las dos estrategias restantes (hidrógeno verde y gestión de la demanda y redes inteligentes) junto a una presentación más amplia del propio Plan de Transición Energética de Canarias y su incidencia en las islas en el horizonte 2030.

Las personas interesadas en acceder por la vía telemática a estas jornadas pueden formalizar su inscripción a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/oecan/oecan-eventos.