Esta estrategia será el instrumento regional de adaptación de la sociedad al cambio de modelo económico y social que resulte de la transición ecológica. Su vigencia será la misma que la de la Estrategia de Acción Climática, hasta 2040, revisable cada diez años.
Su propósito responde a la doctrina de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en especial del Pacto Verde Europeo, para ser consecuentes con los siguientes principios generales: promover la participación y la conciencia ciudadana, la igualdad entre mujeres y hombres; la protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia y a los mayores, así como la resiliencia, la justicia climática y la transición justa entre otros.
Debe identificar áreas, sectores, colectivos o territorios más vulnerables, teniendo presente el principio de justicia climática y las situaciones de pobreza energética, así como favoreciendo un marco de oportunidades de formación y mejora del acceso a los nuevos nichos de actividad económica y empleo.
Sus cometidos principales son:
- Identificar riesgos y vulnerabilidades por territorios, sectores y personas.
- Proponer acciones para minimizar las vulnerabilidades detectadas.
- Definir sistemas continuos de gobernanza, evaluación y seguimiento.
- Identificar y fomentar donantes de servicios ecosistémicos con incidencia climática positiva, es decir, conseguir inversiones y acciones que permitan que los ecosistemas mejoren su estado y puedan suministrarnos mayores beneficios y servicios.
