Dentro del marco común de la Estrategia Canaria de Acción Climática y siguiendo sus directrices, cada cabildo y ayuntamiento de Canarias debe desarrollar su propio plan, que aborde las medidas de mitigación y de adaptación en su ámbito.
Esto pueden hacerlo los municipios empleando y adaptando para ello los PACES de la Estrategia del Pacto de las Alcaldías.
Las entidades locales deben concretar las medidas de política sectorial de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica sobre las que tienen competencias: entre otras, turismo, agricultura y ganadería, industria y comercio, urbanismo, salud y servicios sociales, residuos, biodiversidad y recursos naturales, montes, contaminación lumínica y alumbrado, emergencias y protección civil.
Además, deberán incluir también un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Una vez aprobados por el Pleno de la Corporación, el PIMACE y el PMUS, sus determinaciones son de obligado cumplimiento para todas las personas, tanto públicas como privadas.
Los PIMACE tendrán una vigencia de diez años, y deben revisarse, como máximo, cada cinco años, con el fin de actualizar escenarios y objetivos.
