Después de recoger más de 150 aportaciones de distintos sectores y de un amplio número de personas, se ha aprobado el día 22 de octubre de 2020 en el Consejo de Gobierno de Canarias la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética (LCCCTE).
Definición
La LCCCTE supondrá un cambio de modelo productivo orientado hacia la transición ecológica, establecerá objetivos a corto plazo para las Administraciones Públicas y pautas concretas para todos los sectores de Canarias en el marco de la Ley estatal de Cambio Climático. En esta línea, contempla medidas específicas para sectores como el turismo, el transporte, la agricultura, la sanidad o la seguridad; siempre desde un principio de cooperación entre las Administraciones y la sociedad civil.
Finalidades
El desarrollo e implementación del conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas en 2040.
La reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles.
El establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables.
La mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático para la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
El fomento de la resiliencia de los sectores sociales y económicos frente a los efectos del cambio climático.
La promoción de la educación, la formación, la innovación, la I+D, la competitividad y la transferencia tecnológica. En este sentido también será clave difundir conocimiento en materia de mitigación, adaptación y gobernanza de la acción climática.
La integración de la salud pública en las políticas de acción climática como mecanismo para la prevención y gestión de riesgos.
La promoción de las políticas de transición ecológica, cohesión social y acción climática a nivel de las regiones ultraperiféricas (RUP) y otros territorios.
Instrumentos
La Agencia Canaria de Acción Climática.
La Comisión Interdepartamental de Acción Climática.
La Estrategia Canaria de Acción Climática.
El Plan Canario de Acción Climática.
El Plan de Transición Energética de Canarias.
Los Planes de Acción Insulares y Municipales de Clima y Energía.
El término ‘Transición’ en el contexto medioambiental aparece a partir de los años 70, en particular en el informe conocido como Los límites del crecimiento o informe Meadows al Club de Roma, de 1972, donde se insiste en la necesidad de la «transición de un modelo de crecimiento a un equilibrio global» y pone en relieve los riesgos ecológicos inducidos por el crecimiento económico y demográfico. En 1987, el informe Nuestro Futuro Común, o informe Brundtland, recomienda la transición hacia un desarrollo sostenible.
Una hoja de ruta con tres retos
El proceso de Transición Ecológica se define, esencialmente, mediante tres retos, que serán alcanzables si las instituciones, los sectores económicos, los agentes sociales y la ciudadanía se comprometen colectivamente.
El Gobierno de Canarias está dando los pasos necesarios para articular una estrategia integral que abarque la acción climática y así reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible; de manera urgente, prioritaria y en línea con las indicaciones del informe Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). De esta manera, se persiguen los siguientes objetivos:
Limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC.
Impulsar una transición energética que permita abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia una producción energética 100 % renovable y distribuida.
Promover un modelo de desarrollo basado en la economía circular, verde y azul.
Llevar a cabo acciones para asegurar la conservación de nuestros ecosistemas.
Reorientar el enfoque de la educación y la formación que sostenga a una sociedad basada en el conocimiento, capaz de implementar ese nuevo modelo de desarrollo de forma sostenible.
La Transición Ecológica ya ha comenzado
Afrontar con éxito los retos establecidos en tan diversas materias y en el contexto actual no es un proceso sencillo porque se requieren cambios profundos en los hábitos y comportamientos de las instituciones, las empresas y las personas. Cambios en los que las instituciones públicas tienen un liderazgo indudable, pero que no pueden realizar en ausencia de una toma de conciencia colectiva. Por ello, se requiere un verdadero proceso de educación, formación y concienciación de toda la población sobre la evidencia de la crisis ecológica y climática, y la necesidad de avanzar hacia un nuevo estilo de vida, así como hacia formas de producción y de consumo responsables. Este proceso supone también asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los que se han tomado hasta ahora, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis y transformar una amenaza en una oportunidad.
Afortunadamente, la Transición Ecológica ya ha comenzado. Muchas instituciones y entidades, entre ellas el Gobierno de Canarias, han adoptado la lucha contra el cambio climático y la necesaria Transición Ecológica justa y solidaria como uno de sus principales ejes de actuación.
Principales hitos de la Transición Ecológica en Canarias
Las actuaciones para responder a los efectos de la pandemia han reforzado la orientación verde de la economía.
Desde el comienzo de la legislatura hasta ahora se han desarrollado acontecimientos y procesos de gran relevancia. Indudablemente, el de mayor trascendencia ha sido la eclosión de la pandemia, ocasionada por la COVID-19, y la sucesión de medidas de prevención y control de actividades, que se han llevado a cabo tanto en el conjunto de España como en Europa y en el resto del mundo.
Especialmente ello ha sido así en nuestro ámbito, desde el 14 de marzo de 2020 —con la declaración del estado de alarma en el conjunto de España, entre marzo y junio de 2020, y el confinamiento casi total de las personas y por ende, de las actividades económicas y sociales, salvo las declaradas esenciales, y el conjunto de medidas restrictivas que ha habido que tomar desde entonces hasta el momento actual—.
La declaración de la pandemia ha alterado el orden y prioridad de las actuaciones, pero no ha supuesto cambiar la hoja de ruta, sino todo lo contrario; la ha reforzado por ser la orientación verde y sostenible de la recuperación económica una de las claves para Europa, España y para el inmediato futuro de Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
El Acuerdo para un Gobierno de Progreso y Cambio para Canarias, conocido como Pacto de las Flores, ha incluido como uno de sus ejes clave, el tercero, la lucha contra el cambio climático y la ordenación del territorio, con un enfoque de transformación integral de las estructuras económicas e institucionales de Canarias hacia la transición ecológica.
El Gobierno de la X legislatura ha acometido, de manera urgente, políticas activas de lucha contra el cambio climático y de transición ecológica. En este sentido, la singularidad del archipiélago en la UE está reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sustenta el impulso de políticas especiales para las Regiones Ultraperiféricas, especialmente en el Memorándum para una Estrategia renovada en favor de la Ultraperiferia. Estas prioridades y objetivos del régimen de integración de las RUP en la Unión Europea (2010), destaca entre los desafíos que deben afrontar las RUP, los problemas energéticos y el cambio climático.
El nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, refleja la preocupación por el cambio climático, e incluye, entre los principios rectores que deben dirigir la actuación de los poderes públicos; la protección efectiva de los recursos naturales estratégicos básicos de Canarias, especialmente el agua y los recursos energéticos, asegurando su control público por las administraciones canarias; la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad del archipiélago como patrimonio común para mitigar los efectos del cambio climático; y el ahorro energético y la promoción de las energías renovables, en lo que se refiere la política de transportes y comunicaciones.
La actuación política se inspira en la doctrina de Las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la de diversidad biológica, ambas emanadas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) y del posterior Protocolo de Kyoto (1998); el acuerdo de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas (2015) ‘Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’; el Acuerdo de París de acción por el clima de 2015, y todo el acervo de normas y declaraciones de la Unión Europea sobre Acción por el Clima y Transición Justa, así como de protección de la biodiversidad y, en especial, el Pacto Verde Europeo (Green Deal), de acuerdo con el desarrollo de la legislación y estrategias básicas del estado.
En el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y Cambio para Canarias se establecen los objetivos de la acción del Gobierno 2019-2023 y las directrices para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. En estos, se recoge como uno de los propósitos principales el de promover el desarrollo sostenible, la Transición Ecológica y la lucha contra el cambio climático.
Para alcanzar dicho propósito, se han planteado los objetivos de acción:
Promover un Plan Integral de Lucha contra el cambio climático, en línea con los ambiciosos objetivos propuestos por la UE para la reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero, que garantice que esta preocupación forma parte, de manera transversal, de toda la acción del Gobierno.
Liderar, desde el Gobierno, la transición energética y la expansión de las energías renovables, y apoyar el autoconsumo en las Administraciones Públicas, en las viviendas y en las empresas.
Impulsar la apuesta por una movilidad sostenible, sustentada en una adecuada planificación territorial de los viarios, la mejora y potenciación del transporte público y el fomento del uso de vehículos sostenibles.
Potenciar un ambicioso plan de tratamiento de los residuos, fomentando la economía circular y la drástica reducción del uso de los plásticos.
Desarrollar, en cuanto al agua, unas políticas de ahorro, y fomentar la desalinización mediante energías renovables, el tratamiento de aguas residuales, su reutilización y la recuperación de nuestros mermados acuíferos; así como promover una política de cero vertidos sin depurar al mar, para lo que es imprescindible priorizar las inversiones necesarias para resolver este problema.
El 30 de agosto de 2019, el Gobierno de Canarias acordó la Declaración de Emergencia Climática, posteriormente ratificada de forma unánime por el Parlamento de Canarias el 20 de enero de 2020.
El Acuerdo de Gobierno de 2019, por el que se aprueba la declaración de la Emergencia Climática en Canarias, tiene como finalidad comprometer a todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las Administraciones Públicas, para que contribuyan a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático.
Este Acuerdo, marca como objetivos prioritarios iniciar las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar, en el plazo más breve posible, una Ley Canaria de Cambio Climático, y también el de elaborar el Plan de Acción Canario para la Implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030).
Respecto a la Ley Canaria de Cambio Climático, el Acuerdo recoge que la elaboración del proyecto de ley se hará procurando la mayor e intensa colaboración y participación activa de toda la sociedad canaria y de la comunidad científica. Del mismo modo, procurando también que la ejecución y el cumplimiento de las previsiones de la ley permita la participación intensa y activa de todos los Cabildos Insulares y Ayuntamientos de las islas, para implementar políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los Gases de Efecto Invernadero, con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e, incluso, antes del año 2035.
El Acuerdo también contempla que la futura Ley Canaria de Cambio Climático fijará los objetivos que deberán marcar la acción de gobierno y, a la vez, de los distintos planes de actuación necesarios para conseguirlos. Entre tales objetivos destacan:
El abandono de los combustibles fósiles.
El pleno autoconsumo eléctrico y la movilidad sostenible.
La implementación de mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias (marinos, terrestres y atmosféricos), de manera que se alcance la emisión neta cero de gases de efecto invernadero.
La reducción de la demanda de energía hasta consumos sostenibles.
El aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones de producción de energías renovables.
La creación de espacios educativos y de información a la población sobre la Emergencia Climática.
El apoyo especial a la investigación científica básica y aplicada, y al desarrollo tecnológico en materia de cambio climático y su impacto en la región de Canarias.
La elaboración y aprobación, en el plazo más breve posible, de una Ley Canaria de Cambio Climático, así como la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible.
A partir de la declaración de la pandemia se han reforzado las actuaciones para una reorientación rápida de la economía y los programas institucionales para el cuidado de las personas, la transición justa y la orientación sostenible. Esto queda recogido en el Pacto rubricado, el 30 de mayo de 2020, por la mayoría de las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales más representativos para la recuperación social y económica de Canarias; y en el desarrollo del Plan Reactiva Canarias, que tiene como objetivo desarrollar medidas concretas en ese sentido.
Por otro lado, ha sido necesario crear el Decreto Ley 15/2020, que emplea medidas urgentes de impulso a algunos sectores económicos clave, como el sector primario, el energético, el turístico y el territorial.
En la sesión del 14 de abril de 2020 de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que comparecía el Presidente del Gobierno de Canarias, se planteó la necesidad de impulsar un gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias que recogiera, de modo consensuado, medidas que garantizaran la recuperación de nuestra comunidad. Un pacto que promoviera un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las Administraciones Públicas canarias y a la sociedad civil.
El escenario actual precisa de un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común, que nos permita afrontar la profunda crisis económica y social que trajo la pandemia, la cual representa la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido.
El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias 2020-23, más conocido como Plan Reactiva Canarias, prevé una inversión adicional de hasta 5.740 millones de euros desde 2020 hasta 2023, de los que 1.440 millones de euros son de la ficha específica del 2020.
Dicha ficha financiera específica aprobada para 2020, se completa con el esfuerzo global de los sectores público y privado en el mismo año, calculado en 18 551 millones de euros en total, cuya cantidad incluye la ficha adicional del Plan para 2020: 1.440 millones de euros.
El Decreto Ley 15/2020, tiene como finalidad proporcionar un marco regulador de las actuaciones y medidas que, con carácter de inmediatez, impulsen las actividades generadoras de economía, poniendo el foco en los sectores primario, energético, turístico y territorial, como principales tractores. Asimismo, procura paliar las secuelas que la pandemia ha provocado y sigue provocando en el archipiélago.
La norma se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, de 30 de mayo de 2020, entre cuyas prioridades estratégicas figuran la atención y el apoyo a las personas vulnerables, el mantenimiento y recuperación del empleo, el impulso de la actividad económica —con especial énfasis en el sector turístico y de la construcción, así como del sector primario y con una particular atención a empresas y personas autónomas— y la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativas.
Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.
El 27 de mayo de 2020, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus, la Comisión Europea propuso el instrumento temporal de recuperación Next Generation EU y refuerzos específicos del presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027.
En el mes de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó dicho instrumento, cuya dotación económica es de 750 000 millones de euros, que se dividen en 390 000 millones de euros a fondo perdido y otros 360 000 millones de euros en préstamos. De esta bolsa, España puede llegar a obtener 140 000 millones de euros, de los cuales 72 700 millones de euros serían a fondo perdido.
