En el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y Cambio para Canarias se establecen los objetivos de la acción del Gobierno 2019-2023 y las directrices para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. En estos, se recoge como uno de los propósitos principales el de promover el desarrollo sostenible, la Transición Ecológica y la lucha contra el cambio climático.
Para alcanzar dicho propósito, se han planteado los objetivos de acción:
Promover un Plan Integral de Lucha contra el cambio climático, en línea con los ambiciosos objetivos propuestos por la UE para la reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero, que garantice que esta preocupación forma parte, de manera transversal, de toda la acción del Gobierno.
Liderar, desde el Gobierno, la transición energética y la expansión de las energías renovables, y apoyar el autoconsumo en las Administraciones Públicas, en las viviendas y en las empresas.
Impulsar la apuesta por una movilidad sostenible, sustentada en una adecuada planificación territorial de los viarios, la mejora y potenciación del transporte público y el fomento del uso de vehículos sostenibles.
Potenciar un ambicioso plan de tratamiento de los residuos, fomentando la economía circular y la drástica reducción del uso de los plásticos.
Desarrollar, en cuanto al agua, unas políticas de ahorro, y fomentar la desalinización mediante energías renovables, el tratamiento de aguas residuales, su reutilización y la recuperación de nuestros mermados acuíferos; así como promover una política de cero vertidos sin depurar al mar, para lo que es imprescindible priorizar las inversiones necesarias para resolver este problema.
En la sesión del 14 de abril de 2020 de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que comparecía el Presidente del Gobierno de Canarias, se planteó la necesidad de impulsar un gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias que recogiera, de modo consensuado, medidas que garantizaran la recuperación de nuestra comunidad. Un pacto que promoviera un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las Administraciones Públicas canarias y a la sociedad civil.
El escenario actual precisa de un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común, que nos permita afrontar la profunda crisis económica y social que trajo la pandemia, la cual representa la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido.
El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias 2020-23, más conocido como Plan Reactiva Canarias, prevé una inversión adicional de hasta 5.740 millones de euros desde 2020 hasta 2023, de los que 1.440 millones de euros son de la ficha específica del 2020.
Dicha ficha financiera específica aprobada para 2020, se completa con el esfuerzo global de los sectores público y privado en el mismo año, calculado en 18 551 millones de euros en total, cuya cantidad incluye la ficha adicional del Plan para 2020: 1.440 millones de euros.
Se trate de fondos gestionados directamente por el Gobierno de España o por el Gobierno de Canarias, con destino a inversiones públicas o privadas, Canarias aspira a ser el destino de inversiones de 11 200 millones de euros. Para ‘políticas verdes’ deberían ir destinadas el 37 %, que suponen un máximo a alcanzar de 4144 millones de euros.
Desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se ha venido definiendo un conjunto de actuaciones y proyectos que respondan a los criterios de elegibilidad anteriormente mencionados, como que garanticen su ejecución en los tiempos fijados por el acuerdo Next Generation EU. Es decir, que los gastos puedan ser comprometidos antes del 31 de diciembre del 2023 —70 % comprometido entre los años 2021 y 2022, y 30 % restante en el 2023— y que los pagos se hayan efectuado antes del 31 de diciembre de 2026.
Para poder agrupar las actuaciones, se han definido cuatro bloques que se orientan según las grandes acciones globales que Canarias debe emprender para consolidar y garantizar la transición ecológica que precisa. Dichos bloques coinciden básicamente con los de Aguas, Transición energética, Economía Circular y Biodiversidad.
Ejes
Dentro del eje 1, Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, se incluye lo siguiente:
Un Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (zonas de bajas emisiones, infraestructuras de recargas y modernización del parque con vehículos limpios).
Un Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (el desarrollo de infraestructuras verdes, de infraestructuras azules, de comunidades energéticas, el despliegue de techos solares, de renovables distribuidas y un alumbrado público inteligente y eficiente).
La Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero (economía circular y reducción de desperdicios alimentarios).
En el eje 2, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, se incluyen:
La conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad (reforestación de superficies forestales, lucha contra la desertificación, acciones para combatir la degradación de las tierras y para recuperación de la biodiversidad, y mitigación y adaptación climática).
La preservación del espacio litoral y los recursos hídricos (reducción de la vulnerabilidad de los espacios costeros, acciones que mejoran la gestión integral del agua y de saneamiento y reutilización de aguas, ejecución de filtros verdes y optimización de infraestructuras hídricas).
El eje 3, Transición energética justa e inclusiva, abarca:
El despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía renovable eléctrica (energías eólicas marinas, infraestructuras de biogás y desarrollo de comunidades energéticas).
Las infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegues de la flexibilidad y el almacenamiento (la actualización tecnológica de las redes de transporte y distribución energética, y el despliegue de tecnologías de almacenamiento).
La hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
La estrategia de transición justa.
Dentro del eje 4, Una administración para el siglo XXI, encontramos:
La modernización de las Administraciones Públicas (rehabilitación energética de edificios y modernización del parque de vehículos públicos).
Finalmente, en el eje 5, Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, localizamos el siguiente ítem:
La política industrial España 2030 (que incluye el impulso a las industrias tractoras verdes y la estrategia de economía circular).
Canarias ha desarrollado un Régimen Especial del Derecho de Aguas, basado en su sistema tradicional de gestión de este recurso. Con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en esta materia por vía del Estatuto de Autonomía y otras normas, como la Ley de Transferencias Complementarias a Canarias y la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En la Consejería, corresponde a la Dirección General de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas la gestión de este recurso. Es la encargada de proteger y coordinar la gestión integral de uno de los bienes más preciados de que dispone el archipiélago: el agua.
Para ello, el Área de Aguas (con la Directiva Marco Europea del Agua como guía), trabaja de forma coordinada con los Consejos Insulares de Aguas, que son las entidades insulares competentes para gestionar las aguas en cada una de las islas. Estos elaboran los planes hidrológicos y gestionan el dominio público hidráulico.
Acometer el objetivo propuesto de descarbonizar la economía canaria en 2040 pasa inevitablemente por promover y liderar un cambio profundo del actual sector energético canario.
Debe tenerse en cuenta que el sector denominado ‘procesado de la energía’ es el mayor contribuyente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Canarias, alcanzando en torno al 85 % de las emisiones GEI totales de las islas (equivalente a unas seis de cada siete toneladas GEI).
Por ello, y con el fin de impulsar la descarbonización de la economía, se ha previsto contar con un Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan), y disponer así de uno de los principales instrumentos para luchar contra el cambio climático.
El cambio climático se está produciendo a una escala jamás registrada. Sus efectos nos afectan por doquier llevando al planeta a un estado crítico. Solo queda una opción, una respuesta colectiva y decidida: la acción climática.
El cambio climático es un fenómeno ambiental agravado por la actividad humana que desencadena profundas consecuencias económicas y sociales. Según la Organización Meteorológica Mundial, «las olas de calor generalizadas y duraderas, los incendios récord y otros eventos devastadores como los ciclones tropicales, las inundaciones y la sequía, han tenido un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente».
Debido a la gran cantidad de investigaciones aportadas por la comunidad científica, disponemos de innumerables evidencias y modelos explicativos sobre sus fundamentos, características e impactos incuestionables.
La fragilidad del archipiélago se concreta en el riesgo de erosión del suelo fértil, en los daños originados por caudales crecidos como consecuencia de lluvias torrenciales, o en la afectación de las playas y las costas por fenómenos marítimos adversos. Las consecuencias de estos efectos climatológicos son especialmente graves por el peso que en la economía de las islas tienen sectores más sensibles a ellos, como la agricultura y el turismo.
Asimismo, el nivel del mar se ha elevado en Canarias entre cinco y diez centímetros desde los años ochenta del siglo pasado. Las estimaciones más conservadoras sitúan una subida del nivel del mar de medio metro a finales de este siglo si se mantiene el ritmo actual, pero hay estimaciones que predicen una aceleración de ese fenómeno, lo que provocaría un incremento de noventa centímetros para entonces. La variación en la línea de costas afectará más a las zonas de poca pendiente, que es precisamente donde se ubican las principales playas y las zonas turísticas más importantes de las islas.
La crisis climática afectará de distinta manera a las regiones con las que Canarias tiene más vínculos. Las alteraciones de la temperatura en Europa harán que el Mediterráneo se vea influido por un clima más tropical y las condiciones en el norte y centro del continente no sean tan extremas. Ambos factores combinados pueden afectar al atractivo de las islas como destino turístico. Además, el aumento de temperatura en el continente africano aumentará el impacto del desierto e impulsará aún más las migraciones climáticas, cuyos efectos ya empiezan a notarse con la llegada masiva de migrantes a nuestra costas.
Los impactos mencionados son el preámbulo de un periodo crítico para la humanidad del que no es posible aislarse y puede calificarse de crisis climática. Ante tales evidencias, no caben sino dos respuestas posibles: negacionismo o la decidida acción climática. Las respuestas negacionistas se deben a motivaciones diversas tras las que no pueden sino ocultarse intereses cortoplacistas e insolidarios, mientras que la acción climática responsable está basada en las evidencias científicas y en el compromiso moral por la conservación y el cuidado de la vida en el planeta.
En Canarias, la acción climática es vital para estimular una cultura preventiva capaz de reconocer y evaluar impactos que se presentarán de manera distinta a como se han mostrado hasta ahora, como consecuencia de una mayor y más duradera exposición a fenómenos climáticos adversos y extremos. Si queremos responder de forma eficaz a los retos que se nos presentan y hacer frente a la crisis climática y sus consecuencias, la cultura de prevención ha de calar en el conjunto de la sociedad y en todos los ámbitos de la actividad pública y privada, así como en la empresa y en la sociedad civil.
Es un instrumento técnico especializado de investigación, innovación y gestión territorial que ofrece una información precisa y actualizada a la Administración y a la ciudadanía.
Su objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, acerca de la protección, el uso, la ocupación o la transformación del territorio, asó como en la planificación ambiental, territorial y urbanísticas.
El SITCAN es una infraestructura respaldada por el Gobierno de Canarias que se considera clave a la hora de dar respuesta a los requerimientos normativos autonómicos, estatales y europeos, por ser sensible a unas tecnologías en continua evolución y acorde a una ciudadanía que demanda información que le interesa y afecta.
Usos y aplicaciones de la Información Territorial de Canarias
La información territorial es utilizada diariamente por miles de usuarios del sector público, privado, académico y por ciudadanía en general.
Este conocimiento preciso y actualizado del territorio es indispensable para los distintos planes territoriales, ambientales o urbanísticos, así como para los estudios relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático y las estrategias y planes de acción climática.
Recursos desarrollados por el SITCAN
Entre otros:
Plan Cartográfico de Canarias
Cartografía Oficial de Canarias
Registro Cartográfico de Canarias
Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias)
Nomenclátor Geográfico de Canarias
Portal de Datos Abiertos
Red Geodésica Activa de Canarias
Quién gestiona el SITCAN
GRAFCAN es la empresa pública especializada en materia geográfica que se encarga de gestionar el Sistema de Información Territorial de Canarias.
Plataformas complementarias de acceso a la información geográfica
Infraestrucura de datos espaciales de Canarias (IDECanarias)
IDECanarias difunde información geográfica de la Administración autonómica y se encuentra en funcionamiento desde 2009. Su visor ofrece un gran abanico de contenidos temáticos y herramientas básicas de explotación.
El Observatorio de la Energía de Canarias ejerce sus competencias con autonomía e independencia.
La emisión de informes anuales sobre la evolución de la energía en Canarias.
La formulación de recomendaciones y propuestas sobre políticas generales y específicas relativas a la energía.
La emisión de informes sobre las propuestas de planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista.
La emisión de informes sobre las afecciones al sector energético de los planes insulares de ordenación y, en su caso, planes territoriales de infraestructuras energéticas que se tramiten.
La emisión de informes de otros proyectos que en materia energética le sean sometidos a su consideración.
Realizar el seguimiento de los acontecimientos económicos que puedan tener una incidencia significativa en el área de la energía.
Contrastar, analizar, procesar y adecuar la información resultante de las actividades a que se refieren los apartados anteriores.
Publicar y difundir la información resultante de los trabajos y análisis realizados.
Observar la evolución permanente de la energía.
Las demás funciones de consulta o asesoramiento que se le encomiende.
