El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento por el que se canalizan los fondos que provienen de la UE y que tienen como destino la financiación del conjunto de acciones que emanan del acuerdo Next Generation EU.
Dicho plan traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década.
Este Plan no parte de cero, pues se inspira en la Agenda 2030 y los ODS, se construye sobre el diagnóstico y el trabajo realizados previamente, sobre las numerosas medidas y normativas económicas aprobadas con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria, y representa, además, la continuación natural del Plan de Choque y del Plan de Reactivación ya puestos en marcha por el Gobierno de España. En última instancia, se trata de acelerar y profundizar el programa de reformas estructurales impulsado en 2018 por el Gobierno, y que está recogido en la Agenda del Cambio.
El plan nacional se estructura en torno a diez políticas palancas cuya distribución porcentual de fondos es la siguiente:
Se trate de fondos gestionados directamente por el Gobierno de España o por el Gobierno de Canarias, con destino a inversiones públicas o privadas, Canarias aspira a ser el destino de inversiones de 11 200 millones de euros. Para ‘políticas verdes’ deberían ir destinadas el 37 %, que suponen un máximo a alcanzar de 4144 millones de euros.
Desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se ha venido definiendo un conjunto de actuaciones y proyectos que respondan a los criterios de elegibilidad anteriormente mencionados, como que garanticen su ejecución en los tiempos fijados por el acuerdo Next Generation EU. Es decir, que los gastos puedan ser comprometidos antes del 31 de diciembre del 2023 —70 % comprometido entre los años 2021 y 2022, y 30 % restante en el 2023— y que los pagos se hayan efectuado antes del 31 de diciembre de 2026.
Para poder agrupar las actuaciones, se han definido cuatro bloques que se orientan según las grandes acciones globales que Canarias debe emprender para consolidar y garantizar la transición ecológica que precisa. Dichos bloques coinciden básicamente con los de Aguas, Transición energética, Economía Circular y Biodiversidad.
Ejes
Dentro del eje 1, Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, se incluye lo siguiente:
Un Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (zonas de bajas emisiones, infraestructuras de recargas y modernización del parque con vehículos limpios).
Un Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (el desarrollo de infraestructuras verdes, de infraestructuras azules, de comunidades energéticas, el despliegue de techos solares, de renovables distribuidas y un alumbrado público inteligente y eficiente).
La Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero (economía circular y reducción de desperdicios alimentarios).
En el eje 2, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, se incluyen:
La conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad (reforestación de superficies forestales, lucha contra la desertificación, acciones para combatir la degradación de las tierras y para recuperación de la biodiversidad, y mitigación y adaptación climática).
La preservación del espacio litoral y los recursos hídricos (reducción de la vulnerabilidad de los espacios costeros, acciones que mejoran la gestión integral del agua y de saneamiento y reutilización de aguas, ejecución de filtros verdes y optimización de infraestructuras hídricas).
El eje 3, Transición energética justa e inclusiva, abarca:
El despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía renovable eléctrica (energías eólicas marinas, infraestructuras de biogás y desarrollo de comunidades energéticas).
Las infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegues de la flexibilidad y el almacenamiento (la actualización tecnológica de las redes de transporte y distribución energética, y el despliegue de tecnologías de almacenamiento).
La hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
La estrategia de transición justa.
Dentro del eje 4, Una administración para el siglo XXI, encontramos:
La modernización de las Administraciones Públicas (rehabilitación energética de edificios y modernización del parque de vehículos públicos).
Finalmente, en el eje 5, Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, localizamos el siguiente ítem:
La política industrial España 2030 (que incluye el impulso a las industrias tractoras verdes y la estrategia de economía circular).
Los últimos 150 años de evolución industrial han estado dominados por un modelo de producción y consumo lineal, según lo cual los bienes son producidos a partir de las materias primas, vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos. Frente a la acentuada volatilidad actual en la economía global y el aumento de evidencias que apuntan a la creciente escasez y sobreexplotación de recursos, la necesidad de la búsqueda de un nuevo modelo económico se hace cada vez más evidente. La búsqueda de una mejora sustancial en el rendimiento de los recursos en la economía ha llevado a las empresas a explorar nuevas formas de reutilizar los productos o sus componentes y restaurar mejor sus materiales valiosos, así como la energía y mano de obra. (McKinsey et ál., 2012-2013)
El documento citado señala que el enfoque actual de lucha contra el cambio climático, basado casi enteramente en la eficiencia energética y la transición hacia un mix energético sustentado en las renovables, solo va a actuar sobre el 55 % de las emisiones, mientras que un 45 % proviene de la producción y uso de bienes de consumo.
¿Qué es la Economía Circular?
La Economía Circular es un complemento indispensable para lograr una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al cambiar la forma en que fabricamos y utilizamos los productos de nuestra vida diaria.
Se denomina Economía Circular porque se concibe como un ciclo de reaprovechamiento integral de los recursos que, en vez de ser desechados, se emplean de forma más eficiente: se ahorran, se comparten, se reutilizan o se reciclan. La Economía Circular tiene como objetivo reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.
Con ello también se contribuye a prevenir el agotamiento de recursos claves, a mejorar la calidad del aire, a reducir la contaminación del agua y del suelo, y a proteger los ecosistemas y la biodiversidad.
Se presenta, por tanto, como una alternativa sostenible al modelo productivo predominante, que se define por una utilización lineal de los recursos (producir, consumir y tirar) y resulta ser un modelo agresivo e insostenible con el medio ambiente. El enfoque circular debe tenerse en cuenta tanto en los ciclos biológicos como en los ciclos tecnológicos.
La Unión Europea ha aprobado una nueva estrategia para una Europa ecológica, digital y competitiva, alineada con la Economía Circular. Tres son los motores que esta estrategia propone para hacer más sostenible y competitiva a la industria europea:
La transición ecológica, con el Pacto Verde Europeo como estrategia europea integradora hacia una economía sostenible.
La transición digital, que permite a la industria, al turismo, a las pymes y resto de sectores ser más proactivos. Además, dota a los trabajadores de nuevas capacidades y apoya la descarbonización de nuestra economía.
La competitividad en la escena mundial, donde Europa aprovechará el impacto de su mercado único para avanzar normas y criterios de referencia mundial.
En marzo de 2020, se aprobó el nuevo Plan de la Economía Circular para una Europa más limpia y eficiente, dentro del denominado Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), que aboga por una estrategia concertada para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
Con el objetivo de conseguir la neutralidad climática para el año 2050 y desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos, la Comisión Europea (2020) afirma:
La UE debe acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento regenerativo que devuelva al planeta más de lo que toma de él, avanzar hacia el mantenimiento de su consumo de recursos dentro de los límites que encierra el planeta y, con tal fin, esforzarse por reducir su huella de consumo y duplicar su tasa de utilización de material circular en la próxima década.
A partir de las propuestas del primer plan de acción para la Economía Circular de 2015, el nuevo plan aprobado en marzo de 2020 establece exigencias para que los productos, servicios y modelos de servicio sean sostenibles, y así facilitar que se transformen las pautas de consumo.
En el campo de los residuos, la modificación de la directiva marco de residuos —la Directiva (UE) 2018/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que se incluye dentro del paquete de la Economía Circular— establece nuevos objetivos en materia de gestión de los residuos para aumentar el reciclaje y limitar el vertido como solución final.
Este plan de acción, también procura promover la contratación pública ecológica y el empoderamiento de las personas consumidoras, luchando contra la obsolescencia prematura y atendiendo a los siguientes sectores prioritarios:
Electrónica y TIC: sector que provoca un flujo de residuos que no para de crecer y que está en tasas de reciclaje inferiores al 40 % en el marco comunitario. Las acciones van encaminadas a prolongar la vida de los productos electrónicos con programas de reparación y restitución, reducir las sustancias peligrosas en su diseño y establecer un derecho a reparación que incluya la actualización del software obsoleto.
Baterías y vehículos: enfrenta un futuro de movilidad eléctrica y una nueva perspectiva hacia los acumuladores que proporcionarán energía a los vehículos.
Envases y embalajes: aumentar la reutilización y la reciclabilidad, y disminuir la complejidad de los materiales de envasado.
Plásticos: es necesario establecer requisitos obligatorios para los contenidos reciclados y reducir los residuos plásticos en productos clave como envases, materiales de construcción y vehículos. Es prioritaria la disminución de microplásticos en el medioambiente para hacer frente al problema de la contaminación marina por plásticos.
Productos textiles: se prevé una estrategia integral para los productos textiles que incluya medidas de diseño ecológico, y así alcanzar niveles elevados de recogida separada de residuos textiles.
Construcción y edificios: por un lado, dar una solución integral a la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición al suponer más del 35 % de los residuos generados en la UE, por lo que aumentará el reciclaje de los residuos y tendrá consecuencias positivas en una menor presión sobre los recursos. Por otro lado, una estrategia para un entorno construido sostenible, que promueva principios de circularidad en todo el ciclo de vida de los edificios.
Alimentos, agua y nutrientes: se pone el acento en la reducción del desperdicio de alimentos a través de una estrategia denominada ‘de la granja a la mesa’. Esta se complementa con una nueva perspectiva de la gestión hídrica orientada a integrar en la cadena de valor el abono orgánico para la agricultura.
Menos residuos, más valor: actúa sobre los sistemas de gestión y tratamiento de residuos para su prevención, promoviendo objetivos de reducción de residuos, disminución de las sustancias tóxicas en los residuos, un mercado de materias primas secundarias eficiente y, por tanto, evitar exportaciones de residuos fuera de la UE, especialmente cuando el objetivo es externalizar aquellos de gestión más compleja.
La Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC), fue aprobada el 2 de junio de 2020 por el Gobierno español. Es un documento que analiza la insostenibilidad del actual modelo lineal y traza las líneas de actuación para promover un modelo de desarrollo basado en la Economía Circular, adaptado a las características de la economía y la sociedad españolas.
La EEEC se propone como elemento clave de transformación hacia un modelo de desarrollo y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, que permita maximizar los recursos disponibles para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y así reducir la generación de residuos, aprovechando al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.
Tomando como referencia el Plan de Acción de la Comisión Europea, los ejes de actuación sobre los que se focalizan las políticas e instrumentos de la EEEC son: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y ahorro y reutilización del agua.
Este último se incorpora como un eje individual por la importancia que tiene el agua en el arco mediterráneo, una situación que es similar en Canarias. Además, con carácter transversal, se incorporan estas otras líneas: sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación.
Por último, cabe destacar que los sectores prioritarios en la EEEC son la construcción, el sector agroalimentario, el pesquero, el forestal, el sector textil y confección, el industrial, el turístico y los bienes de consumo.
Esta estrategia hace especial hincapié en los impactos del turismo —el uso intensivo del recurso hídrico, especialmente escaso en gran parte del turismo de playa, la elevada generación de residuos en zonas turísticas, junto con la dificultad de gestión de residuos debido a una menor separación de residuos en origen, así como el continuo crecimiento del turismo de interior asociado a la naturaleza—, sector realmente demandado en Canarias.
Para el Gobierno de Canarias resulta crucial que el crecimiento, la competitividad y el empleo de nuestra tierra se planifique desde la óptica de la economía circular, de manera que responda a los retos de la utilización sostenible de las energías y recursos naturales y permita avanzar en eficiencia energética, algo en lo que nuestro archipiélago dispone de ventajas propicias.
En esta línea y por su carácter transversal, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento lidera la elaboración de la Estrategia Canaria de Economía Circular, en un proceso que pretende ser participativo y abierto, en coordinación con las instituciones y centros directivos implicados, así como con los actores relevantes por razón de la materia.
Con el fin de posibilitar esa participación, se llevó a cabo un proceso de consulta pública que estuvo abierto entre julio y septiembre de 2020.
Desarrollo de la economía circular en Canarias
La condición de región ultraperiférica (RUP) marca especialmente la forma en que Canarias está integrada en la Unión Europea, ya que las islas reciben un tratamiento diferenciado a causa de una serie de características y condicionantes comunes: gran lejanía, insularidad, reducida superficie, compleja orografía y dependencia económica de un reducido número de productos. Esto nos proporciona un trato singularizado por dejarnos en una situación de desventaja respecto al resto de la UE, que condiciona nuestro desarrollo socioeconómico.
Esta condición está recogida en el Tratado de Amsterdam, que modificó en 1999 el Tratado de la Unión Europea, reconociendo entre otras cosas, la necesidad de un trato singular para las RUP.
A partir de 1999, las RUP han contado con una estrategia de desarrollo diferenciado, que fue refrendado por el Tratado de Lisboa de 2007 en su artículo 349 que consolidó la base jurídica por las que se considera a las RUP regiones plenamente europeas.
Las dos líneas concretas que propone la Comisión para las RUP en la Economía Circular son:
Apoyar a estas regiones para que se conviertan en lugares de ensayo de los proyectos piloto de la Economía Circular en el programa LIFE, en materia de residuos para abordar los problemas de gestión de los mismos.
Estudiar la adopción de disposiciones para facilitar los traslados de residuos procedentes de las RUP a los países vecinos para su tratamiento, mediante la revisión del reglamento relativo a los traslados de residuos, prevista para el 31 de diciembre de 2020.
La gestión de los residuos es uno de los elementos clave de la Economía Circular, especialmente en Canarias, ya que la principal fuente de crecimiento económico es el turismo y es un sector con una gran incidencia en la generación de estos.
Esto comporta mayores índices de consumo, de ahí que la media de la generación per cápita de residuos domésticos y asimilables en Canarias sea muy superior a la de la UE y a la del conjunto de España. Canarias, tras Baleares, es la segunda Comunidad Autónoma con mayor producción de residuos por habitante.
Esta es la situación actual en Canarias. Así, el Archipiélago no ha llegado a los objetivos de tratamiento recogidos en la Ley 22/11, de residuos y suelos contaminados. La principal meta era que para el 2020 el 50 % de los residuos fueran reciclados.
A esto se suma que la Unión Europea en la Directiva (UE) 2018/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 —modificada por la Directiva (UE) 2018/581 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018— ha establecido objetivos aún más exigentes en materia de gestión de los residuos para aumentar el reciclaje y limitar el vertido como solución final.
Esta página web responde al reto de comunicar, de una forma sencilla, ordenada, accesible y orientadora, acerca de lo referente al conjunto de desafíos que en materia de acción climática y transición ecológica tiene el propio Gobierno de Canarias, así como las instituciones y la sociedad en un momento clave de nuestra historia.
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias tiene el claro propósito de lograr la participación de todos los sectores de la sociedad en el gran reto que supone reorientar el modelo de producción y consumo vigente, hacia una economía neutra en carbono en 2040, que garantice el cuidado de la vida y que sea un referente en economía sostenible y equidad.
Para ello es imprescindible facilitar la información adecuada y fomentar la participación de la ciudadanía en todas las actuaciones derivadas de las políticas climáticas y de transición ecológica, mediante los instrumentos adecuados para ello.
Uno de estos instrumentos es tener un espacio de referencia, a través de un portal web, con información actual, orientadora, a modo de mapa para facilitar las claves y tener accesos ordenados a información más técnica que por su complejidad puede ser de difícil asimilación.
La gestión integral del agua es primordial para mantener un estado óptimo de las corrientes superficiales y los acuíferos, lo que es básico para los ecosistemas y para los seres humanos. Debemos disponer de una cantidad de agua suficiente y con una adecuada calidad, gestionando además los riesgos de inundaciones.
La calidad y buena administración del agua es una de las claves de la gestión de los recursos en las próximas décadas.
La UNESCO advierte que la crisis de los recursos hídricos «es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y a la del planeta». Por tanto, «ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta a todos los aspectos de vida, desde la salud de niños y niñas hasta la capacidad de las naciones para alimentar a sus ciudadanos».
La ONU remarca que los abastecimientos de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a un ritmo insostenible. Los expertos temen que en los próximos veinte años, el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio.
Los problemas ya existen hoy en día. Según los expertos, cada año mueren más de 2,5 millones de personas debido a enfermedades causadas por agua contaminada y saneamiento deficiente.
Desde 1997 el Consejo Mundial del Agua organiza cada tres años un Foro Mundial del Agua, coincidiendo con el día mundial de este recurso: el 22 de marzo de cada año.
La norma de referencia en política de aguas que establece el marco comunitario europeo de actuación en esta materia es la Directiva Marco del Agua (DMA). Esta nace como respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión hidráulica en la Unión Europea.
La creciente presión derivada del continuo crecimiento de la demanda ha llevado a la UE a abordar este reto de toma de desarrollo de medidas para proteger las aguas tanto en cantidad como en calidad, y garantizar así su sostenibilidad.
Además, la DMA permite establecer unos objetivos medioambientales homogéneos entre los Estados Miembros para las masas de agua.
Esto facilita avanzar juntos en su consecución y compartir experiencias entre los países. El agua no debe concebirse como un mero bien económico sino que debe contemplarse como un patrimonio ambiental y social, de forma que su uso y disfrute garanticen la eficiencia y sostenibilidad del recurso.
Este sistema se basa en cuatro pilares: la planificación del recurso, la participación en la gestión pública del agua, el desarrollo tecnológico y la innovación.
La existencia de un sistema de planificación y gestión del agua que garantice el suministro en cantidad y en calidad suficiente es fundamental para asegurar el eficaz desenvolvimiento de una sociedad y de su economía y ofrecer altos niveles de seguridad minimizando el riesgo de fallos en cualquiera de los componentes del sistema.
Con ello debe garantizarse un adecuado suministro de agua. El agua es vida, salud y energía; o dicho de otro modo, la falta de agua es uno de los factores limitantes del nivel de vida y progreso de los países.
Como respuesta a la necesidad de mejora continua de estos aspectos y con el marco de adaptación al cambio climático y la transición ecológica, se ha puesto en marcha el Libro Verde de la gobernanza del Agua, una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca abrir espacios de debate y generar respuestas de mejora.
Desarrollar las reglas del sistema (normativa y regulación).
Generar y actualizar conocimiento sobre el agua y su gestión.
Movilizar los recursos humanos, financieros e institucionales para alcanzar los objetivos.
Desarrollar los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación continuada de las políticas.
Aplicar los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación continuada de las políticas.
Poner en marcha y aplicar instrumentos de resolución de conflictos entre actores con intereses y visiones de la realidad diferentes y, a menudo, contrapuestos.
Desarrollar los instrumentos de resolución de conflictos que inevitablemente surgen entre actores con intereses y visiones de la realidad diferentes y, con frecuencia, contrapuestos.
